DESAHUCIAR A LA IGLESIA (3)

Como ya he venido comentando en las dos anteriores entregas, la iglesia católica se sostiene no por voluntad de los fieles -que cada vez son menos- sino del negocio que tiene con el Estado, ese papá al que se le critica desde una posición neoliberal para que no intervenga cuando no conviene pero si es para mi beneficio ya es otra cosa. Un Estado aconfesional que mantiene 6 de 12 festivos religiosos en el calendario nacional (Navidad, Reyes, Viernes santo, Asunción de la virgen, El Pilar, Todos los santos, Inmaculada concepción) que no los mueve ni Dios dice algo, y no bueno, de quienes han venido gobernando en mayoría durante años y años, aunque no es de extrañar vista la pompa que lucen algunos dirigentes -locales y autonómicos principalmente- de su propia presencia con cofradías en procesiones y demás perifollo “cultural”. Mantener acuerdos como el Concordato -ya vigente la Constitución desde 1979 pues también dice de la farsa que venimos viviendo. Y éste, además, permite la asignación del 0,7% del IRPF además del reconocimiento de estatus de privilegio que aún posee. Ocurre, pues, que la iglesia es una pieza clave dentro del engranaje del Estado bajo el actual modelo de monarquía que, entiendo, ya hemos ido viendo en los anteriores artículos. Y es justo en el actual donde vamos a aterrizar en la cuestión económica, la que hace posible que los obispos, cardenales y sacerdotes raso sigan, prácticamente, sin pegar un palo al agua aunque son estos últimos los más perjudicados en el escalafón. Un político va a los plenos, vota en contra de tus intereses porque igual tú le has votado aunque luego te quejes. A un obispo no lo vota el pueblo, lo designa el papa y encima suele ponerse en contra de tus intereses bajo el disfraz de la fe. Pero vayamos a las cifras que son las que, realmente, nos van a poner ojipláticos por todo lo que ello conlleva. Voy a exponer las estimaciones para este año 2025 que está finalizando:

• 0,7% del IRPP, vía casilla marcada en la declaración de la Renta: sobre 390 millones que podría ser de alrededor del 10,5% de los contribuyentes que marcan la casilla.

• Exenciones impositivas o fiscales: 2.000 millones

• Subvenciones que incluyen el sostenimiento de escuelas concertadas y asistencia religiosa en hospitales, prisiones, cementerios, etc. : 11 mil millones o más (sí, has leído bien). Todo lo que sea en materia educativa, como vimos en el anterior artículo, se transfiere a la Comunidad Autónoma que es quien tiene las competencias

• Cáritas, como entidad autónoma aunque dependa de la iglesia: 113 millones.

Ahora, bien, qué hace la iglesia con parte de ese dinero a lo que podamos tener conocimiento:

• Sobre 200 millones en salarios a su personal, ya sean sacerdotes, administrativos y demás. Le sobran unos 160 millones del IRPF de los cuales podría entenderse que 40 millones van a Cáritas (fíjate la ridiculez que destina a la obra social de la entidad) pero a partir de aquí habría que rastrear la memoria contable de la iglesia para saber partida a partida dónde está el dinero que no es poco. Pero tenemos un problema y se llama transparencia o falta de ella de forma total en todos estos fondos públicos que recibe. Así que tenemos aún unos 120 millones por ahí de los que, en principio, le vamos a adjudicar 80 millones a tapar los agujeros económicos de sus medios de comunicación COPE y 13TV, ya que este año presentaron pérdidas de unos 25 millones aunque, eso sí, la COPE no se corta en abonar un salario anual al fascista de Carlos Herrera que podrían superar los 400 mil euros anuales. Quiere decir que nos quedarían aún 40 millones que serían los destinados a mantenimiento de personal además de la infraestructura que debemos suponer en cuanto sedes, bienes de equipo etc.

• Exenciones fiscales: La iglesia deja de abonar al Estado, o sea a cada bolsillo nuestro en su conjunto, unos 2000 millones. O sea no paga IBI, beneficios en el impuesto de sociedades al no tener que pagar ciertos gravámenes impositivos, reducciones en tasas administrativas relacionadas con la infraestructura y servicios que se ve con especial incidencia a nivel local, provincial o autonómico.

• Transferencias: Pueden ser directas a través de subvenciones para proyectos con programas específicos, o diferidas vía comunidades autónomas como ya expresé con afectación a la enseñanza concertada, centro sanitario etc., así como asistencia a proyectos sociales que entiendo pueden canalizarse, o no, a través de Cáritas ya que la ejecución de los mismos puede llevarla a cabo cualquier congregación que estuviera, igualmente, habilitada para ello.

En cuanto a transparencia se refiere a la fecha estamos, noviembre de 2025, la memoria de 2024 aún no está expuesta en la web de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y sí la de 2023, y de los ingresos obtenidos o beneficios expuestos solamente se expone el resultante por asignación tributaria del IRPF que en el año 2024 obtuvo una cuantía de 382,437 millones que, por cierto, representó un incremento del 6,6% respecto al año anterior. Creo que es aún más necesario, si cabe, lo que vengo planteando acerca de la iglesia. Si en una memoria, y con carácter integral, no existe un desglose claro y hecho público -de forma centralizada- de lo que recibe la iglesia católica en su conjunto por cada concepto con fondos públicos como los conciertos educativos, asistencia religiosa en hospitales, prisiones o cementerios, centros sanitarios etc., realmente está fallando algo. Cada persona de este país tiene derecho, por tanto, a saber de forma transparente el rastro del dinero público que recibe la iglesia como cualquier otra institución o entidad. Los fondos públicos no son patrimonio de nadie en particular y sí de todo el mundo para que su conocimiento no sea de dominio público. Toda estimación que se haga, por tanto, es desde fuentes externas que realizan estudios igualmente estimativos y esto, en realidad, lo que hace es minar el sustrato del concepto democracia. Este concepto implica algo más que un puñetero voto cada 4 años y ahí se acaba todo. No, eso es lo que nos hacen creer. Democracia implica participación real, acceso a la información que deba ser pública cuando -obviamente- media dinero público ciñéndonos al caso que nos ocupa aquí aunque el debate da para mucho más.

Sin poder ejercer el derecho a la información nos encontramos con obstáculos para que, en un momento determinado, podamos realizar análisis completos y objetivos. El rastro del dinero cuando permanece oculto o no demasiado visible o intrincadamente visible que no podamos distinguirlo bien implica, casi por definición, que existan indicios de corrupción. Y con esto no estoy apuntando a ningún delito de forma precisa sino al debate sobre qué entendemos por una práctica corrupta en nuestra forma de comunicar un balance económico cuando median cuantiosos fondos públicos. Se me podrá decir, por ejemplo, que cada diócesis expone sus cuentas, que cada centro concertado justifica hasta el último céntimo ante la autoridad administrativa en este caso autonómica, que cada proyecto es justificado al milímetro pero yo no tengo porque creerlo. Esto no es una cuestión de fe sino de contabilidad precisa, de exposición. Si la iglesia obtiene un beneficio fiscal por exención administrativa de unos dos mil millones por impago de IBI y otras tasas eso se debe reflejar en la memoria anual, en aras de la transparencia, para que el no pago pueda entenderse como un beneficio real y no como una quimera o un bulo. Si hay asistencia religiosa en multitud de centros la diócesis podrá y deberá expresar la cuestión en su ámbito geográfico pero, igualmente, el dato ha de estar centralizado a través de la CEE que es la cúpula de la jerarquía.

Respecto a la memoria de la que disponemos información (2023) puedes examinarla en la web de la Conferencia Episcopal o, incluso, en laicismo.org que te ayuda a leerla de una forma didáctica. No obstante voy a trasladar aquí algunos datos que creo interesantes siguiendo el hilo conductor de las anteriores entradas con esta:

1. Hay 1.498.182 matrículas en centros religiosos, en el conjunto del Estado, repartidas en 2536 centros educativos que cuentan, a su vez, con 135.311 personas asalariadas. Según expone la memoria esto le supone un ahorro al Estado de unos 4.604 millones cuestión ésta que la destaca como relevante

2. El 58% del alumnado matriculado en universidades privadas lo hace en un centro de los 17 que tiene la iglesia católica

3. Gestionó 162 centros para la promoción de la mujer y el apoyo a víctimas de violencia (no dice concretamente de género)

4. 874 capellanes que atienden al conjunto hospitalario

5. Gestionó 1069 programas dentro y fuera de la prisión para su reinserción, pero habría que ver cuánto gestionó Cáritas, cuánto Manos Unidas y cuánto el resto. Generalmente los proyectos sociales suelen gestionarlos estas entidades

6. La iglesia controla 418 fiestas y celebraciones religiosas de las que 97 están declaradas de interés turístico nacional, 46 de interés turístico internacional, 167 celebraciones de semana santa de interés turístico (a secas)

7. Tiene adscritas o registradas 14.576 entidades religiosas (órdenes, congregaciones...) y 5.332 cofradías y según se expone con más de un millón de cofrades

8. Tiene 3.161 propiedades que son BIC (Bien de Interés Cultural), 283 museos diocesanos

Expresamente he dejado fuera de este catálogo un apartado que la iglesia no va a contemplar. Se trata de las inmatriculaciones efectuadas. Este es un punto crucial en el enriquecimiento ilícito por parte de la iglesia al engrosar a su patrimonio inmobiliario una ingente cantidad de títulos de forma muy opaca y hasta, digamos, bastante torticera.

Lo que conocemos es el período comprendido entre 1998 y 2015, período que el Gobierno remite un listado al Congreso el 16 de febrero de 2021, durante el cual la iglesia inmatriculó un total de 34.961 bienes de los cuales 20.014 corresponden a templos o dependencias complementarias (ermitas, capillas, sacristías) y 14.947 fincas de otra naturaleza como terrenos, garajes, locales comerciales, viñedos e incluso viviendas). La iglesia reconoce como inmatriculaciones indebidas solamente, en este período, unas mil propiedades alegando que el resto fueron posibles gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el criminal de guerra no juzgado José María Aznar que posibilitaba a la iglesia autocertificar una propiedad con la misma potestad que un Registrador o Notario y sin necesidad de presentar título adecuado. El período comprendido entre 1978 y 1998 (antes del listado) está bajo un manto de opacidad y silencio que ningún gobierno de los anteriores quiso destapar como, obviamente, acabo de exponer ya que hablamos que el tal José María Aznar además es un destacado militante ultracatólico que imparte, a día de hoy, clases en la Universidad Francisco de Vitoria controlada por los Legionarios de Cristo, cuyo fundador Marcial Maciel fue condenado canónicamente (no penalmente) por pederastia y apartado de todas sus funciones. Este tipo, además, tuvo varios hijos secretos con, al menos, dos mujeres. Todo un ejemplo. Entretanto, además, esta organización al parecer mantiene vínculos, conexiones, con una secta secreta, paramilitar y cristofascista, llamada El Yunque, de origen mexicano. La relación que Aznar, asimismo, mantiene con la Universidad Francisco de Vitoria es gracias a un acuerdo entre ésta y las entidades u organizaciones que él dirige y son la Fundación FAES y el Instituto Atlántico de gobierno (IADG). Estamos hablando de ideología, a ver si nos enteramos, para formar a las élites que, a su vez, van a influir en el conjunto de la ciudadanía a través de sus tentáculos empresariales, políticos, financieros, judiciales, militares etc. Y tú, ahora dime que siendo de clase popular no tienes ideología. En fin, si no somos más tontos es porque no nos entrenamos.

Este último paréntesis de las inmatriculaciones nos llevan a un determinado gobierno, a una forma de hacer política y de entenderla. O mejor a una forma de ejercer el poder, del que no debemos rehusar porque sus espacios hay que disputarlos en cualquier lugar. Nos lleva a la alianza de la iglesia con una determinada forma de hacer política y, por tanto, también con una ideología, la de los privilegios.

Con lo expuesto hasta aquí, incluyendo el presente artículo, intento poner el foco en la iglesia como un poder paralelo dentro del funcionamiento del Estado. Como un estado paralelo porque, además, tiene sus propias normas de funcionamiento, su propio código jurídico que es el Derecho Canónico. Un poder que apenas ha sido removido y si acaso tímidamente. Es la sociedad civil la que pone el foco para alumbrar lo que está oculto o apenas visible y desde aquí intentar irradiar hacia quienes legislan para que esto se termine. Medios de comunicación, educación en todos sus niveles, acción social, innumerables propiedades en su mayoría obtenidas de aquella manera (ya veríamos los períodos históricos anteriores a 1998 y nos llevamos las manos a la cabeza), presencia o influencia que solo desde un poder consciente y comprometido con el laicismo se podría llevar a cabo una profunda transformación en la relación Estado-Iglesia católica hasta separarla totalmente. Es imprescindible ese divorcio, esa ruptura, o ese desahucio del poder que ostenta la iglesia. Un camino largo comienza con pasos cortos, pero el primer paso debe darse hasta que cada cual atienda lo que debe y que en el caso de la iglesia se autofinancie, que las aportaciones de fieles sea igual que la de los socios de un club privado. Pago mi cuota y con ella tengo el cielo ganado, aunque ya sabemos que en la iglesia eso lo del cielo igual no lo tienen tan claro. Separar al Estado de la Iglesia haría que no quedara impune ni un delito en el seno de la iglesia por el miedo a que te señalen cuando lo denuncias porque sabes que el Estado te va a acompañar, pero...

En una próxima entrega, después de este recorrido socio-económico, voy a analizar la tradicional posición ideológica de la iglesia española en el contexto de la sociedad española de los últimos 100 años, desde Primo de Rivera en 1923 hasta la actualidad en 2025. Es bueno saber que nunca existió el distanciamiento crítico del que saca pecho la actual Conferencia Episcopal y sí un botín de guerra que obtuvo con su participación directa en el golpe de Estado de 1936.