DESAHUCIAR A LA IGLESIA (1)

Uno de los pilares del franquismo fue, precisamente, la influencia “moral” que ejercía la iglesia católica siendo, por tanto, una gran aliada en su cruzada contra el “rojo” puesto que al tratarse de cruzada nadie mejor que la iglesia para entender qué era eso. Había que borrar del mapa todo aquello que supusiera laicismo, libertad religiosa, separación de identidades y cada cual en lo suyo sometiéndose, no obstante, la iglesia a los poderes públicos como cualquier cristiano de a pie. Pero, claro está, el franquismo suponía un movimiento justamente nacional-católico que elevaba a la iglesia (católica) al sillón del poder compartido con los militares y las élites económicas del momento. En un pueblo cualquiera de la geografía patria había una entente que era el alcalde, la guardia civil, el cura y después ya el médico y el farmacéutico siempre que ese pueblo no fuera algo grande y contara con algún prostíbulo o lugar de alterne donde ahí podían encontrarse los citados - más o menos solapados- aunque lo del cura estuviera más jodido pero que, al fin y al cabo, podría solucionarlo con su prima que le ayudaba a mantener limpia la iglesia además de otras zonas propias, o si le daba otra pulsión pues con algún monaguillo o colegial de centros “educativos” que han ido mamando de la teta del Estado como años más tarde se está demostrando. Esta ha sido una de las constantes donde la iglesia española ha sido pilar fundamental de la gran mentira del régimen franquista, donde sostuvo la hipocresía del mismo convirtiéndose ella en el anticristo con su total falta de ética o moral y coherencia con sus propios principios que predicaba en los púlpitos y cuando expreso iglesia quiero decir estructura de poder salvando a la gente honesta de la base.

La iglesia española, ciñéndonos a un contexto concreto, ha sido tradicionalmente golpista, arribista en términos de posibilismo político, aliada con el terrateniente y con la burguesía, aristócrata en sus formas e intrigante palaciega señaladora del enemigo de turno que podía ser cualquiera de los de abajo que osara disputar poder a la misma iglesia. Todo el patrimonio acumulado de la misma no ha sido casual ni un accidente histórico sino que ha formado parte de un modus operandi, de una forma de entender la vida y las relaciones con el entorno basadas en la subyugación del de abajo y compadreo intrigante con el de arriba. Por eso no es de extrañar, ni mucho menos, que sus postulados siempre coincidan en nuestro suelo patrio con cualquier opción política que no sea de izquierda, con una horquilla ideológica que va de lo conservador a lo ultraconservador. O sea desde la derecha nacionalista periférica catalana o vasca hasta la más recalcitrante centralista o españolista. La lectura de la vida que hace la iglesia es poder porque nació de él y para él y creció con él, y solo de esta forma se puede entender su actitud en mantener y ampliar sus privilegios sociales que no son pocos. A día de hoy privilegios son tener habilitada una casilla que marcar en la declaración anual de Renta o IRPF, licencia para operar en comunicaciones a través de emisoras de radio (COPE y RADIO MARIA) y TV (13 TV), una ley de financiación específica para la iglesia (Ley 49/2002) que es la que, por ejemplo, permite que se pueda señalar con una X en la casilla correspondiente de la declaración de renta en un Estado aconfesional como es el español, los convenios autonómicos que permiten acuerdos en subvencionar centros educativos religiosos o eso que llamamos concertados, financiación de otros proyectos como, por ejemplo, el arreglo de catedrales, subvenciones a entidades parareligiosas como las cofradías además de la permisividad en las inmatriculaciones que la iglesia ha ido implementando para quedarse con un importante patrimonio que, además, vamos a sustentarle con los impuestos de los demás. En definitiva, y resumiendo, la iglesia tiene un negocio redondo con el Estado porque le transfiere dinero a medios de comunicación para que puteen al gobierno si es de izquierda, se alineen con posiciones golpistas, boicoteen cualquier investigación que tenga que ver con los casos que hayan salpicado de corrupción moral como, por ejemplo, los extensos casos de pederastia, para que adoctrinen en valores antidemocráticos. Un negocio redondo para seguir ejerciendo poder aunque sea a menor escala aparentemente, y todo por no tener la suficiente valentía de eliminar privilegios. Esto dicho de otra forma es que yo no tengo por qué pagarle el salario a un cura ni a un imán de una mezquita tampoco si lo cobrase por ejercer su oficio, ni a un docente por dar clases de religión en una escuela pública. Entre esos privilegios de la legislación mencionada están, por ejemplo, no pagar el IBI si no generan ingresos esos inmuebles algo que está muy lejos de ser cumplido, mientras que las familias vulnerables si no abonan el IBI son objeto de embargo por el Ayuntamiento de turno. Está demostrado ampliamente que la iglesia posee multitud de propiedades sobre las que ha ejercido pleno dominio negocio por medio, demostrado que en ese pleno dominio también ha poseído viviendas que han sido objeto de desahucios a familias sin que ello le haya importado una mierda a la diócesis de turno. Y voy a poner ejemplos concretos de desahucios impulsados por diócesis andaluzas, una comunidad -la andaluza- donde existe uno de los mayores índices de pobreza del conjunto del Estado donde alrededor del 45% de la población que vive de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza, y este dato concreto lo da el IX informe FOESSA que emitió Cáritas (perteneciente a la iglesia católica, ojo) el 5 de noviembre de este año 2025. En este contexto de pobreza estructural -porque faltan agallas para atajar problemas como el de la vivienda como un derecho humano- es donde tenemos a la iglesia como una operadora al estilo fondo buitre. Estos son los ejemplos a los que me refiero centrando el foco en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

1. Diócesis de Sevilla

Año	Descripción
2019	Se reportaron desahucios de familias en propiedades de la Diócesis. Protestas de organizaciones sociales exigieron la reconsideración de estos desalojos.
2020	Nuevas familias enfrentaron desahucios, destacándose la movilización social en respuesta a la crisis de vivienda. La Diócesis fue criticada por su inacción.
2021	Continuaron los desahucios en áreas marginales. Las críticas aumentaron, solicitando que el Obispado apoyara a las familias en lugar de desalojarlas.
2022	La Diócesis inició colaboraciones con Cáritas para ofrecer alternativas a los afectados, aunque las quejas persistieron por falta de recursos adecuados.

2. Diócesis de Cádiz y Ceuta

Año	Descripción
2019	Se denunciaron casos de desahucios en las comunidades, con protestas que exigían a la Diócesis la utilización de sus propiedades para ayudar a las familias.
2020	Algunas propiedades de la Diócesis fueron comprometidas, afectando a residentes. Las críticas se fortalecieron acerca de la responsabilidad social de la Iglesia.
2021	Se produjeron desahucios mediáticos, como el de un matrimonio en el convento, que generó indignación y movilizaciones.
2022	Activistas continuaron presionando a la Diócesis por su gestión, con un enfoque en la necesidad de transparencia y apoyo a las familias.
2023	Nuevas protestas tuvieron lugar ante la Diócesis, resaltando la evolución de los problemas de vivienda en Cádiz y Ceuta, junto a la falta de acción efectiva.
2024	Se reportaron desahucios en diciembre, con un juzgado dictando sentencia contra un matrimonio colindante a un convento. La situación atrajo críticas sobre el obispo.

3. Diócesis de Granada

Año	Descripción
2019	Mencionados algunos casos de desahucios en propiedades relacionadas con la Diócesis. Las organizaciones sociales comenzaron a hacer eco de estas denuncias.
2020	Aumentaron las críticas sobre la falta de acciones efectivas para ayudar a los residentes vulnerables en propiedades de la Iglesia.
2021	Se identificaron desahucios en barrios vulnerables, lo que llevó a un aumento de protestas y discusiones sobre el papel de la Diócesis en el bienestar social.
2022	Algunas iniciativas sociales comenzaron a colaborar con la Diócesis, aunque los desahucios seguían siendo un tema debatido en la comunidad.

4. Diócesis de Málaga

Año	Descripción
2019	Se registraron quejas sobre desahucios de familias de inmuebles que pertenecían a la Diócesis.
2020	Las acciones de desalojo continuaron, lo que generó protestas de organizaciones que trabajaban por los derechos de la vivienda.
2021	Activistas exigieron a la Diócesis que reconsiderara su enfoque sobre la gestión de propiedades e inmuebles, promoviendo un apoyo más activo a las familias.
2022	Menos reportes de desahucios, pero continuaron los debates sobre la gestión de riquezas eclesiásticas y su impacto en las comunidades vulnerables.

5. Diócesis de Almería

Año	Descripción
2019	Algunas familias enfrentaron desalojos en propiedades de la Diócesis, lo que llevó a protestas locales y críticas sobre el manejo de viviendas.
2020	La situación económica agravada por la pandemia aumentó la presión sobre las familias vulnerables, generando más casos de desahucio.
2021	Se reportaron desalojos de familias que ocupaban viviendas de la Iglesia. Grupos sociales intervinieron para solicitar el apoyo de la Diócesis.
2022	La Diócesis de Almería lanzó iniciativas de solidaridad, aunque las críticas persistieron por la falta de soluciones efectivas a los desahucios.

6. Diócesis de Jaén

Año	Descripción
2019	Se conocieron incidentes de familias desahuciadas en propiedades eclesiásticas. Activistas comenzaron a presionar a la Diócesis para ayudar a los afectados.
2020	Durante este año, las protestas aumentaron, pidiendo que la Diócesis reconsiderara los despidos y desalojos.
2021	Desalojos denunciados en zonas de la diócesis, con críticas que apuntaban a la responsabilidad del obispado en garantizar la vivienda a los más necesitados.
2022	Las organizaciones trabajaron en conjunto con la Diócesis para implementar programas que ayudaran a las familias vulnerables, aunque los problemas persistieron.

7. Diócesis de Córdoba

Año	Descripción
2019	Algunos informes de desahucios en Córdoba relacionados con propiedades de la Diócesis. Protestas y campañas sociales fueron organizadas.
2020	Los desalojos se mantuvieron como un tema candente, con críticas sobre la falta de acción de la Iglesia para proteger a las familias vulnerables.
2021	Se documentaron más casos de desahucios, lo que llevó a movilizaciones comunitarias que exigían apoyo a la Diócesis.
2022	La Diócesis fue instada a asumir un enfoque más colaborativo y social ante la creciente crisis de vivienda en la región.

8. Diócesis de Huelva

Año	Descripción
2019	Reportes sobre desahucios de familias en propiedades de la Iglesia generaron protestas de grupos sociales. Se exigía a la Diócesis un mayor compromiso social.
2020	Se intensificaron los casos de desalojo en Huelva, especialmente en áreas vulnerables. Activistas hicieron un llamado a la Diócesis para que facilitara soluciones habitacionales.
2021	Las organizaciones comunitarias informaron sobre nuevos desahucios, lo que llevó a movilizaciones y peticiones de diálogo con la Diócesis.
2022	La Diócesis lanzó iniciativas para apoyar a las familias, aunque las críticas acerca de la gestión de su patrimonio continuaron.

9. Diócesis de Jerez de la Frontera

Año	Descripción
2019	Se registraron casos de desahucios de familias que ocupaban inmuebles de la Diócesis. Protestas por parte de grupos sociales hicieron eco de la situación.
2020	Nuevos desahucios fueron reportados, y se denunciaron las condiciones de las familias afectadas, generando un debate sobre la ética de los desalojos.
2021	La situación de la vivienda en Jerez de la Frontera provocó movilizaciones en frente de la Diócesis, pidiendo una mejor gestión de sus propiedades.
2022	Las organizaciones locales abogaron por un mayor compromiso de la Diócesis en la protección de las familias vulnerables en lugar de realizar desalojos.

10. Diócesis de Guadix

Año	Descripción
2019	Informes sobre desahucios de familias en propiedades de la Diócesis y protestas por parte de la comunidad que exigían alternativas habitacionales.
2020	Algunos casos de desalojo fueron destacados en los medios, resultando en un aumento de la presión sobre la Diócesis para que intervenga en favor de los hogares.
2021	Nuevas denuncias de familias desahuciadas llevaron a una serie de movilizaciones, solicitando un enfoque más social por parte de la Diócesis.
2022	Las críticas sobre la gestión de propiedades de la Diócesis continuaron, con llamados a usar sus recursos para ayudar a quienes enfrentaban desahucios.

Con estos ejemplos a simple vista, si no te has leído mi artículo Elogio de la radicalidad te lo recomiendo pues creo que, acertadamente, voy a la raíz del problema y es que justamente no vamos a esa raíz, no actuamos con esa radicalidad necesaria en tiempos en los que se hace necesaria una toma de decisiones tajante para favorecer a los de abajo sometiendo a los de arriba y no al revés, se hace necesaria y urgente darle la vuelta a una situación como la de la vivienda con medidas contundentes de las que ya expondré más adelante cómo las veo yo, para no perder el foco que nos trae aquí sobre la iglesia como tenedora de propiedades. Es, pues, urgente de forma inapelable que el Estado rompa lazos con la iglesia católica para poner en práctica, inicialmente, la aconfesionalidad que nos lleve a la laicidad total. Laicidad no quiere decir odio a lo eclesiástico ni a lo clerical en concreto. Quiere decir que si quieres rezar te las apañas en tu templo o en tu casa que tú vas a sostener con tus propios fondos económicos sin que el Estado vaya a darte un céntimo pero para eso hay que cambiar radicalmente de política respecto al trato con la iglesia. Quitar privilegios es elevar al plano de igualdad con cualquiera otra asociación civil, es romper con el pasado histórico que ya nos vale además, es poner orden y transparencia en la interrelación entre la iglesia con respecto al Estado dado que se tiene que convertir en una entidad contribuyente más con derechos y con obligaciones por supuesto, es hacer que todas las inmatriculaciones se reviertan al dominio público y a partir de ahí, sin que medie un céntimo más de subvenciones o ayudas, las que queden en manos de la iglesia será bajo su exclusiva responsabilidad. Si retiras la legislación que ampara tales desmanes eliminas el foco de infección de privilegios, quitas la teta de donde mama y atas en corto las actuaciones que como las relatadas no vuelvan a suceder con un apoyo implícito por parte de los poderes públicos. Es necesario y urgente desahuciar a la iglesia, despojarla de los privilegios y de las propiedades que han sido usurpadas del dominio público. Es desahuciarla de poder o de contrapoder, dejarla en el lugar que le pueda corresponder en este momento histórico donde apenas podría sostenerse y quebrar si no fuera por la protección que tiene. No se puede sostener un poder que se ejerce contra ti porque es de idiotas, condonando deudas millonarias a la COPE, por ejemplo, para que siga esparciendo sus mierdas dialécticas vía Carlos Herrera. Desahuciarla de su pompa pública y que el credo pase a ser un elemento privado y no de permanente obstrucción de la vía pública cada vez que a alguien se le ocurre pasear un muñeco ensortijado por tal o cual fecha porque eso también lo estamos pagando el resto. Pero, como decía El Quijote, amigo Sancho con la Iglesia hemos topado y añado con los cobardes también.