LA JUSTICIA ES COSA DE RISA

Hay una canción que se titula La OEA es cosa de risa, cantada por Carlos Puebla y los tradicionales, grupo cubano que ponía música y letra al espíritu de la revolución cubana. Una canción que es una auténtica sorna de un organismo pretendidamente democrático como la OEA (Organización de Estados americanos) que no fue otra cosa, y sigue siendo, más que un centro lacayo del imperio yanki, la representación -por excelencia- del patio trasero, del espíritu cipayo en su más elevada expresión. Y como quiera que en nuestro territorio patrio tenemos un poder, el judicial, bajo sospecha -y con fundamento- de no ser otra cosa en estos momentos que un ariete de los intereses de la derecha y extrema derecha, representado en el gobierno de los jueces -a través del CGPJ- pactado entre PSOE y PP en un acto de contubernio bipartidista, a espaldas de una realidad más plural reflejo de la correlación de fuerzas en el Congreso, pues resulta que a raíz de las intervenciones “independientes” de una parte de la judicatura -incluida altas instancias como Tribunal Supremo o Audiencia Nacional- nos adentramos desde hace años en no sabemos bien si un sainete o una novela negra por aquello del color de la toga, aunque -eso sí- lo de las puñetas les viene bien porque la hacen y con gusto además si, por ende, el objetivo de esa independencia es alguien vinculado con la izquierda o el independentismo -catalán, en concreto- estructurando instrucciones prospectivas, obstáculos procesales, o condenas sin pruebas sólidas como la que, por ejemplo, le ha caído al Fiscal General del Estado. Uno, como ciudadano observador, ya no se asombra de cómo se las gasta la justicia en su conjunto, como pilar democrático dicen, cuando la misma proviene del estercolero franquista. El caso de la Audiencia Nacional es palmario, ya que ésta es una reconversión del antiguo TOP (Tribunal de Orden Público) franquista. Tan palmario como las afinidades e intereses, a tumba abierta, de determinados miembros de la judicatura inclinados abiertamente, y sin tapujos, por las posiciones ideológicas del arco político de la derecha atreviéndose, incluso, a acudir a eventos organizados por medios de desinformación y pontificar sobre el Estado de derecho. Hay que joderse, y lo mejor del asunto cobrando cuando, incluso, debiera estar prohibida cualquier actividad mercantil fuera de la judicatura si tanto les importa la independencia. Así, sin paños calientes. Y si de cobrar se trata, pues ahí tenemos a jueces preparadores de oposiciones a la judicatura que cobran en negro sin declarar a Hacienda y no pasa absolutamente nada.

A un ciudadano de a pié, anónimo, de los que se ganan la vida a duras penas o de quienes se la ganan algo mejor pero honestamente, se le pregunta por la justicia en España y su nivel de confianza es mínimo, con una frase en la que se coincide básicamente y que no es igual para todo el mundo aunque nuestras leyes digan lo contrario. Que le pregunten al emérito corrupto Juan Carlos I, o a José María Aznar cuyas querellas contra él por ser responsable de la participación, y muerte, de soldados españoles en una guerra ilegal como la de Irak, o en casos más recientes donde aún no se sabe nada de otro corrupto como Cristóbal Montoro, a la sazón Ministro de Hacienda con M. Rajoy otro que, además, a pesar de pruebas incriminatorias en algunos casos aparece como testigo y no como investigado siquiera. Estamos asistiendo, a tumba abierta, desde que emergió el movimiento 15M y su posterior proyección política en la organización PODEMOS, a la verdadera naturaleza de la justicia en España donde ni uno solo de los miembros de la judicatura con implicaciones en instrucciones sospechosas, prospectivas, han sido siquiera sancionados y no digo ya ni juzgado. Es más, lo que se ha venido demostrando día a día por la acción sesgada de esa parte de la judicatura, amparada y protegida por su órgano de gobierno, es que la justicia ni fue ni es independiente. Nos han colado el mito de la independencia como elemento clave de nuestra democracia, pero es mentira como todo lo construido a partir de la Transición. La justicia no es igual que el concepto ley. Aplicar la ley si se hace de forma torticera, retorcida, deja de ser justicia y aquí es donde entramos en el terreno, vía hechos comprobados de forma cotidiana, en el que la ciudadanía estamos en total derecho a criticar, y con razones suficientes, el funcionamiento de la justicia no tanto en su infraestructura por falta de medios, sino en lo que significa realmente el entramado judicial como poder del Estado, lo que significa trasladar ese poder al terreno político y de cómo una parte (y no menor además) de la judicatura, en sus diversas instancias, está a calzón quitado operando como actor político desestabilizador de un gobierno con quien no mantiene afinidad alguna. Pero el partido alfa del régimen en el gobierno, el PSOE, es lamentablemente una de las piezas responsables del actual estado de cosas que recibe el efecto boomerang de lo que pactó en su día, entregando a la reacción el mando de la justicia en lugar de democratizarla. México es un ejemplo, a día de hoy, de esa democratización debiéndose acceder por votación popular a determinados puestos en la carrera judicial. Y ese ejemplo es el que debiera seguir la izquierda en un futuro, dejando sin argumentos clasistas a un poder hermético que sobrevive gracias a la protección del Estado. La carrera judicial (jueces y fiscales) debiera estar sometida, efectivamente, a la voluntad popular de forma directa porque el poder emana del pueblo y, además, democratizarla supondría que cualquiera pudiese acceder a la misma sin las trabas, fundamentalmente económicas, con las que se encuentra actualmente, con lo que dicha carrera se convierte en una especie de agrupación de clanes familiares y de intereses de las élites. Cuando la justicia opera políticamente con activismo togado está enviando un mensaje a la población de mordaza, de sujeción a eso que llaman el imperio de la ley que, por lo visto, es el imperio de lo que les viene en gana según el día. Hay un montón de casos, lacerantes por demás, significativos que nos dice de cómo funciona la justicia. Llamar ladrón a un Borbón le está costando a Pablo Hasel cinco años ya de libertad, robar a espuertas no tiene pena alguna y cuando se hacen instrucciones y puedan pasar a juicio igual los delitos ya han prescritos. Criminalizar el antifascismo, el sindicalismo combatiente y reivindicativo con penas de cárcel, es un mensaje a la sociedad. Que Ayuso y la corte de gentuza alrededor que envió al cementerio a 7291 personas en residencias va quedando en la impunidad, ya que una cierta Fiscal de Madrid pasó del tema. O que el novio de la dama de la muerte, el defraudador confeso, se esté enriqueciendo bajo sospecha de presunto ilícito, esté libre aún pero el anterior FGE condenado por filtraciones que le atribuían a él o alguien de su entorno. O que el jefe de gabinete de Ayuso, el tal Miguel Ángel Rodriguez, pueda presumir que hay truquis para saber cómo va a actuar la justicia en un determinado caso pues eso ya lo dejamos para otro lado. O que las investigaciones judiciales, cuerpo policial mediante, puedan basarse en opiniones o conjeturas más que en hechos realmente contrastados y no creados ad hoc pues ya tal, o que una organización ultra interponga una querella contra alguien de izquierda, o parecido, basada en recortes de periódicos y se le admita ya es de traca. Pero luego los corporativistas togados, sus señorías que de esto tienen poco, cierran filas aunque el protagonista esté en la linde de la prevaricación. Perro no come carne de perro se dice, aunque hay excepciones. Hay mucho perro hambriento de remover la voluntad popular porque no es de su agrado, y eso en teoría política se llama golpismo. Esto lo hemos visto en otros países como, por ejemplo, en Brasil con Lula Da Silva o en Argentina con Cristina Fernández. La derecha, da igual el rango más o menos extremo, cuando no tiene lo que quiere -aunque no le corresponda- va con todo y da igual los medios, sean legítimos o ilegítimos. Si son legítimos no es porque lo sean en sí sino por la apariencia que tienen, no pasa nada. Si son ilegítimos como montar operaciones de espionaje a contrincantes políticos, de persecución y montaje de pruebas falsas para desacreditarlos, saben que igual no les pasa nada porque ahí operan jueces de la cuerda, esos que se autodenominan independientes y que solo aplican la ley sin más, asépticamente. Los aplicadores de leyes ni siquiera se esconden en no aplicarla ajustadas al Derecho en su sentido más noble de la palabra. Tenemos una justicia al servicio de unos determinados intereses que se sustentan en una determinada ideología, por eso el ahínco del sector más reaccionario en pretender la elección del gobierno de jueces entre los jueces mismos y no a través de la expresión popular reflejada en el Congreso porque dicen que es politización, como si sus actuaciones -las del actual Tribunal Supremo en su sala segunda, controlada por el PP por la puerta de atrás- no fueran un ejercicio de activismo político. Ya casi nadie cree en la justicia que si tenía algún prestigio lo ha perdido por méritos propios. La cuestión es que hay que acabar con este estado de cosas, hay que arrancar las cabezas de la hidra del régimen y esta, la de la justicia, es una de ella. Mientras tanto, mientras llega ese momento que tiene que ser por presión popular, voy a elegir la risa como posición revolucionaria considerando, además, que esta gente vive de los impuestos. La de la mofa, la de la sorna, elijo decir, parafraseando la canción mencionada, que la justicia es una cosa de risa con un estribillo creado para la ocasión:

(Estrofa)

Con esas togas y sus puñetas

nos hacen creer a los demás

que saben mucho de leyes

y nos tratan de majaretas

(Estribillo)

¡Cómo no me voy a reír de la JUSTICIA

si es tanta la pifia,

tanta la pifia que causa risas!

Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

(Me río y mucho además, de la fantochada que tenemos por justicia)