EL SUPREMACISMO INSTITUCIONAL EN ESPAÑA (Y 3)

Hay una tercera matriz de la burguesía que es la exógena, la foránea, representada principalmente por capitales francés e inglés, de cuya presencia en ambos casos habría que remontarse a los primeros años del S. XIX, previos a la promulgación de la Constitución de 1812. La invasión napoleónica hace saltar las costuras del Antiguo Régimen, haciéndolo entrar en colisión o en estado de choque. De esta forma la burguesía foránea tampoco permanece al margen de esa crisis porque es consciente de la debilidad del Estado siendo la promulgación de la Constitución de 1812 el punto de inflexión hacia un nuevo Estado (el liberal) aunque, eso sí, continuando con el paraguas de la monarquía. Los inversores extranjeros aprovechan la oportunidad de la debilidad estructural de la economía española para financiar al Estado, invertir en la industria ya que el rendimiento sería alto y, cómo no, en recursos naturales (minería, agricultura) así como en sus espacios estratégicos como puertos. Las élites cortesanas no arriesgan capital propio y dejan, por tanto, hueco para que sea la burguesía foránea la que lo haga en sectores de riesgo como ferrocarriles, minería, industria pesada. Esto da idea de la casi nula capacidad de emprendimiento de la burguesía centralista que es parásita. El capital foráneo no se fusiona con la banca cortesana, no se integra plenamente en las burguesías periféricas pero colabora con ellas, no forma parte del núcleo de poder del Estado pero influye en él dada su posición de conexión internacional a través de las redes consulares, comerciales internacionales y banca privada internacional. El resultado, pues, es el de una burguesía dinámica y modernizadora pero subordinada y limitada por los acuerdos o convenios con el Estado pero, a la par, con autonomía respecto a la burguesía nacional parásita.

En este entramado ciertamente la banca cortesana juega su papel, porque -como ya apunté en el anterior artículo- forma el núcleo central del capitalismo de amiguetes al ser su núcleo financiero. Es una banca política, administrativa, patrimonial, centralista y oligárquica que configura o moldea, además, el parasitismo de la élite social española algo que, por otro lado, contrasta con la banca periférica vinculada a esa burguesía estando orientada al mercado en su extensión. La banca cortesana controla el acceso al Estado, bloquea la competencia, distribuye privilegios, reproduce la élite del Antiguo Régimen moviéndose a través de redes familiares, clientelas políticas, favores... Es importante, pues, entender que la cultura del oligopolio está muy presente en la economía española porque forma parte del espíritu fundacional del Estado liberal que vino, supuestamente, a derrocar los mimbres del Antiguo Régimen pero nada más lejos de la realidad. Éste se solapó, se incrustó en el nuevo Estado porque el ADN de la monarquía es el privilegio y éste se representa en las élites de poder que son, en definitiva, las que constituyen los oligopolios y, por tanto, quienes mandan o influyen en las decisiones que el Estado debe tomar. La burguesía parásita y la banca cortesana conforman los pilares principales de la monarquía en el Estado liberal que se impulsa, fundamentalmente, a partir de 1833 que, por otro lado, van evolucionando e incorporando nuevos poderes oligárquicos. Así, pues, el Estado liberal español surge como consecuencia de una arquitectura de poder diseñada para garantizar la reproducción de un capitalismo oligárquico y, por tanto, el desarrollo de nuevas formas de supremacismo institucional que se solapan con las existentes y se manifiestan en:

• la centralización territorial como mecanismo de dominación económica,

• la exclusión sistemática de las clases populares del acceso real al poder,

• la captura del aparato estatal por élites financieras, militares y caciquiles,

• la naturalización de un “orden social” jerárquico que se presenta como inevitable.

La fundación del Estado español debemos conectarla con lo expuesto anteriormente, remontándonos a 1833 con el inicio del reinado de Isabel II, bajo el cual se acomete la reforma administrativa de centralización territorial y desde la que nacen las provincias como unidades administrativas básicas ante el Estado. Asimismo se consolida el ejército como columna vertebral del Estado y se acometen medidas de desamortización en las que hay una transferencia masiva de bienes públicos y eclesiásticos a élites privadas. El poder económico no se democratiza sino que se refuerza concentrándolo en pocas manos. De esta forma, entre 1833 y 1874, la desamortización ayuda a crear una burguesía terrateniente y no industrial; las finanzas públicas se encuentran crónicamente endeudadas con lo que la dependencia del préstamo privado no desaparece; la industrialización se muestra tardía y muy localizada en Cataluña y País Vasco; se afianza el caciquismo como forma de mercadeo político y el proteccionismo favorece a grupos concretos y no al conjunto del país. La élite que surge y se afianza (terrateniente, financiera, militar y cortesana) captura el Estado apoderándose de sus estructuras para convertirlo en un instrumento de reproducción de sus intereses. Así, pues, la centralización administrativa es un medio de control económico, la ley electoral sirve para garantizar mayorías dóciles, el ejército es un factor de contención que se utiliza como árbitro político (pronunciamientos), la iglesia aparece como legitimadora del orden social y, por tanto, de los privilegios, el sistema fiscal favorece a grandes patrimonios, el movimiento obrero y campesino emergente es represaliado por el Estado. Llega la experiencia efímera de la I República ( de la que apenas se habla) que termina con un golpe militar (cómo no) y en 1876 volvemos a la Restauración monárquica que llega hasta 1931, fecha en la que tras la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales Alfonso XIII abdica y sale del país sin rendir cuentas, por ejemplo, por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Durante este período de Restauración el tablero político se juega en dos bloques, el liberal y el conservador, que se alternan en el gobierno con lo que viene en llamarse el turnismo y ensayo del bipartidismo implementado a partir en el actual régimen del 78. Entretanto el capitalismo patrio no se moderniza porque sigue siendo dependiente con lo que podríamos llamarle parasitario. Curiosamente esta misma burguesía que no se adapta, que no es productiva de forma autónoma, que vive del Estado es la que, incongruentemente, quiere que el Estado desaparezca de la vida de los ciudadanos. Este capitalismo patrio vive de privilegios no de productividad. Es una burguesía garrapata por si así lo entendemos mejor, que mantiene el privilegio de proceder del Antiguo Régimen solapándose en el nuevo constituyendo un bloque de poder que en el nuevo contexto no representa un capitalismo dinámico sino rentista, centralista y cortesano. Este mal endémico colapsó, ciertamente, durante el mandato de Alfonso XIII pero que la II República no pudo y/o no supo dinamitar, considerando que durante la misma las élites seguían atrincheradas en su burbuja de poder transitando, además, hacia el Estado autoritario que devendría después con el golpe de Estado de 1936. Élites que financiaron y apostaron por ese nuevo orden que surgiría tras la guerra enmarcado en una dictadura nacional católica. Así, pues, el capitalismo español se mantuvo parasitario y confabulador contra el orden democrático surgido de las urnas, se aferró a su posicionamiento de bloque de poder oligárquico, rentista, centralista, atornillando de esta forma su propio origen. La dictadura franquista le devolvió el esplendor de antaño, pero lo que vino después es materia para otros artículos. Saber que el golpe de Estado no fue solo militar sino, también, oligárquico es importante, y saber quiénes estuvieron detrás más interesante aún. Pero a ello le daremos contexto en una reflexión independiente.