LUCHA DE CLASES: BLINDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Lo que cohesiona a una sociedad es la universalidad de sus recursos públicos, de sus servicios como sanidad, educación, red pública de cuidados (menores, discapacidad etc.), atención a víctimas de violencia machista, servicios sociales incluida la red de residencias públicas para mayores, protección y atención en emergencias, seguridad ciudadana y soberanía territorial, protección jurisdiccional a los que habría que sumar, obviamente, transporte, comunicaciones, energía, banca y nuevos elementos de integración y cohesión social que deben ser blindados como la vivienda (ni casa sin gente ni gente sin casa) y el acceso a una alimentación básica sana y equilibrada mediante una red de supermercados públicos, así como a medicamentos eficaces y de bajo coste que para algo tienen financiación pública, etc. Estas líneas son más una declaración de intenciones sobre la línea del artículo que una relación expositiva de la que puede se me estén olvidando otros elementos igualmente importantes.

Lo que he expuesto someramente no contiene ningún elemento revolucionario ya que en una sociedad de democracia liberal, keynesiana, de Estado del bienestar, pueden implementarse cualquiera de las medidas expuestas sin alterar el orden establecido de privilegios. Aun así hay enormes resistencias de quienes tienen intereses bien porque se benefician de su pasillo hacia el ente privado o que éste aumente exponencialmente sus beneficios de forma obscena con la privatización de servicios esenciales para la comunidad. Y este es el asunto central, de cómo las fuerzas representativas de las posiciones neoliberales como PP y Vox, además de los satélites que, igualmente, no tienen empacho en promover privatizaciones de forma más encubierta como Junts, PNV, Coalición Canaria. Pero lo más grave es cómo una fuerza que se autodenomina de izquierda (PSOE) tradicionalmente ha venido impulsando ese mito de colaboraciones público-privadas allá donde han gobernado en las CCAA o, incluso, en el gobierno central. Tan es así que, con la anuencia de Sumar, se mantiene a día de hoy la ley 15/1997 de esa colaboración en el ámbito sanitario y que, a día de hoy, no se ha cancelado. Cuando se cantan las excelencias de esa colaboración mitológica se oculta, por sistema, que la parte privada va a hacer un gran negocio y que esa forma de negocio alimenta las prácticas corruptas que conllevan el tráfico de influencia, los contratos troceados, las comisiones por el negocio etc. Casos como los que venimos viendo en distintas CCAA, todas gobernadas por el PP con o sin apoyo de Vox, son paradigmáticas de cómo el dinero público se está desviando asquerosa e impunemente hacia manos privadas ya sea en sanidad, educación, o cualquier otro servicio público que debiera estar blindado. De esta forma es como grupos empresariales (también de presión) en cualquiera de los ámbitos implicados se convierten en operadores políticos de primera línea si se les toca cualquiera de sus privilegios como, por ejemplo, el que se pueda revertir la gestión (privada) de hospitales públicos hacia control totalmente público. Entonces puede aparecer una guerra sucia, de malas artes, contra la organización y/o persona que lidere la confrontación contra esos intereses. Los intereses económicos son poderosos y, por tanto, la determinación para defenderlos por cualquier método también. Esto es lucha de clases, de los de arriba, de los grupos de poder contra los de abajo. Es curioso cómo hemos perdido el foco de esta cuestión de desvío de lo público sin que apenas nadie rechiste, y que se convierta la reivindicación de lo público como una medida de extrema izquierda. Esto es lo que llamamos ventana de Overton, de forma que se ha normalizado de tal manera el expolio de lo público hacia bolsillos privados (negocio) que reivindicar que lo público no se debe tocar es poco menos que una llamada a la rebelión. Y es desolador comprobar cómo nuestros servicios públicos se están deteriorando de forma galopante en calidad integral (medios humanos, técnicos, infraestructura etc) a pesar que los impuestos deben estar destinados a ello, sin que ni siquiera se apliquen medidas coercitivas por parte de un gobierno progresista hacia esas CCAA que están expoliando lo público, de forma que aquella que no cumpla con lo presupuestado se le retenga cualquier transferencia estatal hasta que atienda con lo previsto. No es de recibo desviar millones de euros previstos para prevenir y atender incendios, por ejemplo, hacia la nada (sin ejecución) o presupuestar cuatro veces más para festejos y tauromaquia que para cualquier fin social o de claro beneficio público. Dinero público que se recauda vía impuestos para atender a la sociedad, para darle cohesión, acaba en manos de gente sin escrúpulos, tanto si es quien gobierna como si es quien recibe ese dinero sea comisionista (sospechoso de corruptelas) como el ente empresarial concreto. Por tanto, una vez más, debemos poner el foco en el lugar correcto. El expolio de lo público desatendiéndolo, dejándolo morir de inanición, para que lo privado se haga con el control final, es una expresión de lucha de clases, de agresión hacia la sociedad, que se difumina ya que hay una parte esencial, la masa votante, que deposita la confianza con su voto en quienes expolian lo público, con lo que esa parte se convierte en cómplice inexplicablemente, más aún si ha sido parte de movilizaciones contra el deterioro de la sanidad, la educación etc. Los intereses del poder, y sus representantes, nunca van a ser los mismos que los de quienes depende su vida del mantenimiento de lo público. Residencias para mayores, escuelas infantiles de 0-3, centros educativos de primaria, secundaria y bachillerato, universidades, centros de salud, centros de especializaciones, red hospitalaria etc., no son una entelequia sino que conforman el pilar de una sociedad estructurada con una base de atención universalizada. Como esta base confronta con los intereses de los grupos de poder es aquí donde éstos se lanzan a la conquista de todo el entramado porque su codicia no tiene límites. Primero llegó la colaboración de quienes no tenía que llegar, luego van a por el negocio íntegro. Y lo que entendíamos derechos conquistados se convierten en papel mojado, en paja que se lleva el viento. Servicios públicos que se van recortando hasta el punto que cualquier propuesta como la de establecer una red de supermercados públicos para abaratar la cesta de la compra un 30% suena a medida radical por parte de un partido que se autodenomina de izquierda (PSOE), cuando esta medida ya va a ser una realidad en New York. O de cómo, asimismo, suena raro que se intervenga el precio del alquiler y bajarlo hasta un 50%, o modificar la ley general hipotecaria, o derogar cualquier ley que mantenga la puerta abierta al negocio privado con dinero público. Todo esto no se daría si no hubiese un interés de la clase dirigente en expoliar a la clase trabajadora que, además, se convierte en cómplice de dicho expolio. Por eso es una lucha de clases, si bien el problema está en qué respuesta se le está dando socialmente. De momento entiendo que débil, porque si fuera una respuesta contundente más de un gobierno de Comunidad Autónoma se encontraría acorralado, en el abismo y tendría que esconderse para que no fuera humillado en cualquier plaza. Si esto es “antidemocrático”, habría que valorar hasta dónde llega la legitimidad de las agresiones del bloque de poder hacia la clase trabajadora a través del expolio de recursos públicos que no es otra cosa que el robo con tinte de legalidad y a plena luz del día sin que la gente pueda hacer otra cosa que protestar. A lo largo de la historia los movimientos de protesta, de reacción ante los ataques del poder, han sido diversos y la historia nos ha enseñado que son movimientos de autodefensa. Defender hoy cualquier servicio público, existente o que pudiera proponerse, es un acto de lucha de clase, una respuesta social colectiva de defensa que debe ser continuada hasta hacer torcer el brazo del bloque de poder, hasta romper ese mismo bloque dejándolo sin financiación pública y ya veríamos cómo tendrían que chapar sus negocios, porque en sanidad la salud les da igual y en educación lo mismo con el conocimiento. En un caso te venden un seguro, en otro un título. En un estado liberal no puedes blindar los servicios públicos a menos que tengas una amplia mayoría parlamentaria y eso puede revertirse. En un proceso constituyente hacia un estado socialista para la mayoría social las cosas serían de otra manera, cosas a las que parece hemos renunciado al abandonar la lucha de clases. Y es por aquí por donde se empieza a poner la alfombra roja no ya a posiciones conservadoras, sino a posiciones reaccionarias que encumbran el ideario neoliberal. Posiciones fascistizadas que estuvieron durmientes mientras los progres alimentaban la colaboración público-privada, y de aquella tormenta estos lodos. Cuando desmantelas lo público estás entregando la cohesión social al bloque de poder dominante. Recuperarla es tarea colectiva, pero jamás dejemos que un zorro vuelva a cuidar de las gallinas...